imagen tomada de eluniversal.com
El caso en el que un tenor mexicano denuncia incumplimiento de pago ha encendido la conversación en el ámbito cultural. Se trata de Emilio Ruggerio, cantante internacional que acusa a la Secretaría de Cultura de Puebla de no cubrir completamente los honorarios de conciertos realizados en 2025.
A través de redes sociales y un comunicado de su agencia artística, el tenor (quien reside en Alemania) expuso que, tras múltiples intentos de cobro, aún existe un adeudo pendiente relacionado con sus presentaciones en el Festival Internacional de Puebla.
De acuerdo con Ruggerio, fue contratado por la entonces titular de Cultura, Alejandra Pacheco Mex, para ofrecer tres conciertos titulados La Suite Española, del compositor Agustín Lara.
Las presentaciones se llevaron a cabo el 7, 8 y 9 de noviembre en distintos puntos del estado.
Sin embargo, el problema surgió cuando la Orquesta Típica de Puebla no participó en uno de los conciertos por ser su día de descanso. Como alternativa, el tenor propuso realizar la presentación con piano, lo que implicaba un costo adicional de 10 mil pesos para el pianista invitado, Rurik Rossi.
Esta modificación fue aceptada, pero el pago nunca se completó.
El artista explicó que tuvo que insistir en varias ocasiones para recibir su pago. Inicialmente, solo se le cubrió una parte de sus honorarios y, aunque en enero recibió 30 mil pesos, el monto correspondiente al pianista quedó pendiente.
Tras nuevas gestiones, en marzo se le informó que sería complicado cubrir el adeudo debido a cambios en la administración. Ante esto, Ruggerio decidió hacer pública la situación y advirtió que también recurrirá a vías legales.
Actualmente, solicita el pago de 15 mil pesos: 10 mil correspondientes al acuerdo original y 5 mil adicionales por daños y perjuicios.
Además, pidió al gobernador Alejandro Armenta Mier y al secretario de Cultura, Fritz Glockner Corte, que se investiguen posibles irregularidades financieras dentro de la dependencia.
El caso pone sobre la mesa la importancia de garantizar condiciones justas para los artistas y el cumplimiento de acuerdos en proyectos culturales públicos.
Con información de Proceso.
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