Una polémica sacude a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, luego de que su rector, José Antonio Carballo García, fuera acusado de “robo de patrimonio cultural” por la Secretaría de Cultura federal.
La denuncia fue realizada por Elisa Ruiz Covarrubias, directora de estudios y proyectos del patrimonio cultural, tras enterarse de que personal de la Catedral movió un candil para realizar labores de limpieza y mantenimiento.
El origen del conflicto en la Catedral Metropolitana
De acuerdo con testigos, la limpieza de este candil provocó la molestia de dos residentes de Cultura federal, quienes amagaron con denunciar al rector por no contar con autorización oficial para moverlo de su sitio habitual.
Carballo respondió que su cargo lo faculta como administrador del recinto y que la acción se realizó únicamente para preservar el objeto, sin que este saliera en ningún momento de la Catedral.
“Se movió con cuidado y por conservación”, aseguraron fuentes consultadas por Grupo Imagen.
La funcionaria Elisa Ruiz Covarrubias acudió personalmente al recinto y levantó un acta administrativa contra el rector por robo al patrimonio cultural, lo que podría dar paso a una investigación formal.
Autoridades de la Catedral señalan que la situación es improcedente, ya que desde enero se realizan trabajos de restauración y limpieza con recursos propios, y que en reuniones previas con otras dependencias federales no se había señalado impedimento alguno.
Un patrimonio en disputa
La Catedral Metropolitana, pieza clave del Centro Histórico de la Ciudad de México, es considerada el monumento religioso más importante del país.
Desde 1987 forma parte del patrimonio cultural de la humanidad, lo que obliga tanto a autoridades civiles como religiosas a garantizar su conservación.
Ruiz Covarrubias, quien ocupa su cargo desde la administración de Enrique Peña Nieto y fue ratificada por gobiernos posteriores, sostiene que el movimiento del candil se hizo sin autorización, mientras que Carballo insiste en que actuó dentro de sus facultades legales.
Por ahora, la disputa abre un nuevo capítulo sobre quién tiene la última palabra en el cuidado del patrimonio cultural de México.
Con información tomada de Excelsior.
