España abre una nueva etapa en derechos culturales

El Ministerio de Cultura presentó el primer Plan de Derechos Culturales para el periodo 2025-2030. Esta hoja de ruta, inédita en Europa, sitúa a la cultura como un derecho humano autónomo, no supeditado al mercado. Con referencias a marcos legales de México y Ecuador, el plan sostiene que el acceso y la participación cultural deben garantizarse para toda la población, alejando este ámbito de criterios puramente comerciales.

Con ello, el gobierno español busca sustituir la lógica económica que ha predominado en el continente por un enfoque basado en necesidades, derechos y corresponsabilidad. Este cambio pretende cimentar una futura Ley de Derechos Culturales que otorgue plena protección y exigibilidad en el sistema jurídico.

De receptores pasivos a protagonistas culturales

El documento redefine la cultura como un bien común vinculado al bienestar, la democracia y la cohesión social. De esta manera, se rompe con el modelo en el que las instituciones determinaban la oferta cultural, para reconocer a la ciudadanía como creadora activa de identidad y patrimonio vivo. Esta visión coincide con los principios de la Carta de Porto Santo de 2021, que promueve una relación más directa y participativa entre las comunidades y sus expresiones culturales.

En paralelo, se incorpora la Evaluación de Impacto en Derechos Culturales (CRIA), inspirada en los mecanismos ambientales y de género, para analizar cómo políticas y proyectos inciden en estos derechos. Este instrumento amplía el foco más allá de la preservación de bienes tangibles, integrando el impacto en la vida cultural y comunitaria.

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Participación ciudadana y proyección internacional

La elaboración del plan reunió a más de 300 especialistas, 23 asociaciones y 928 propuestas ciudadanas, canalizadas a través de consultas y plataformas digitales. El esquema de implementación incluye foros anuales, comisiones participativas y evaluaciones intermedias y finales. Con un total de 146 medidas (100 de aplicación inmediata y 46 de carácter estructural), se priorizan la democracia cultural, la sostenibilidad del ecosistema creativo, la integración transversal de la cultura en otras políticas públicas y el fortalecimiento del compromiso institucional.

España presentará esta iniciativa en MONDIACULT 2025, con el objetivo de impulsar que la cultura sea reconocida como meta independiente en la Agenda Post-2030. Con este paso, el país busca consolidarse como referente internacional en modelos de democracia cultural que favorecen la pluralidad y la participación activa.