La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se quebró. Lo que no pudieron hacer los grupos policiacos corruptos, los emisarios de los escuadrones represivos, las autoridades omisas, los fiscales y procuradores, los gobernadores renuentes para acatar la ley, lo logró Rosario Piedra y en muy poco tiempo.
La toma de instalaciones de la institución, donde despacha la presidenta, por mujeres agraviadas por la falta de acceso a la justicia, no es sino la descripción de un problema mucho más profundo y que se origina por el desprecio que causan las víctimas a quienes ahora detentan el poder.
Es, además, una prueba contundente de la irresponsabilidad de los senadores que, contraviniendo la legalidad, nombraron a Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH a sabiendas de que no cumplía con los requisitos ni estaba capacitada para encabezar a esa institución.
¿Qué ocurrió? ¿Cómo en tan poco tiempo se desarrolló una descomposición tan profunda? ¿Qué pretendían quienes ahora deciden en la institución del Ombudsperson?
Desde el principio creyeron que la utilidad de la CNDH radicaría en su condena al pasado, y no en su trabajo cotidiano, que consiste, sobre todo, en la atención a los quejosos, en el acompañamiento a las víctimas, durante procesos largos y complicados.
La CNDH funcionó, a lo largo de su historia, porque la mayoría de quienes la encabezaron contaban con la autoridad suficiente para enfrentarse al poder. Ese es el trabajo prioritario en la defensa de los derechos humanos.
La fuerza de las comisiones de derechos humanos es ante todo moral, y por ello el pilar de su trabajo son las recomendaciones. El diseño está elaborado para proteger derechos, pero también para establecer límites a quienes tienen la función de gobernar y de procurar justicia.
Por eso ahora se nota la ausencia de trabajo, porque el éxito de la CNDH radicó en ayudar a proporcionar gobernabilidad, pero desde la lógica del apoyo a las víctimas de los abusos de la autoridad.
Basta revisar la historia de sus recomendaciones, de sus acuerdos amigables, para tener un mapa detallado de las relaciones de los ciudadanos con las autoridades, de sus carencias y distorsiones.
De ahí que buena parte de los afanes de los visitadores, peritos, e investigadores, fuera el de supervisar el trabajo de las fuerzas de seguridad, los policías, los ministerios públicos y los fiscales.
Eso se dejó de hacer y las consecuencias se visibilizan en la coyuntura de la toma de instalaciones, pero sus consecuencias serán todavía mayores, porque la CNDH, en los hechos, dejó de funcionar.
