Las avenidas de la Ciudad de México volvieron a llenarse de pancartas, fotografías y consignas que recordaron a miles de personas desaparecidas en el país. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, colectivos de familiares y organizaciones civiles caminaron el 30 de agosto de 2025 hacia el Zócalo capitalino, exigiendo respuestas efectivas a las autoridades. El país enfrenta un escenario donde la ausencia de justicia y la impunidad se han convertido en parte estructural del problema.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 114 mil casos activos a nivel nacional, cifra que coloca a México en uno de los lugares más alarmantes de la región. Las movilizaciones se dieron no solo en la capital, sino también en estados como Nuevo León, Jalisco, Guerrero y Veracruz, donde los familiares reiteraron que las instituciones han fallado en dar soluciones. En consecuencia, la presión pública sigue siendo uno de los mecanismos más visibles para mantener la atención sobre la crisis.
Desaparición forzada y demandas ciudadanas
Durante la marcha, las madres buscadoras reafirmaron que no se trata únicamente de estadísticas, sino de vidas truncadas y comunidades fragmentadas. Cada fotografía alzada representa un vacío en los hogares y un reclamo pendiente de justicia. De igual manera, organizaciones internacionales advirtieron que México mantiene una deuda significativa en materia de derechos humanos y que la violencia estructural ha creado un entorno que perpetúa la desaparición como práctica recurrente.
Los colectivos plantearon tres exigencias centrales: mayor presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda, coordinación real entre estados y federación, y una estrategia que atienda tanto la localización de personas como la prevención.
Movilización nacional y cifras recientes
En paralelo a la marcha de la capital, ciudades fronterizas reportaron movilizaciones que evidencian la magnitud del fenómeno. Solo en agosto de 2025 se abrieron más de 480 nuevas carpetas de investigación por desaparición, lo que muestra que la problemática no se detiene. Además, informes independientes señalan que la mayoría de los casos se concentra en jóvenes de entre 15 y 35 años, lo que agrava el impacto social y económico en las comunidades.
La magnitud del problema se refleja en que, de acuerdo con datos oficiales actualizados, menos del 20 % de las denuncias registradas desde 2023 han tenido un desenlace exitoso en términos de localización con vida.
