El presidente interino de Perú, Manuel Merino, que asumió el cargo el pasado martes tras la destitución de Martín Vizcarra el lunes dimitió ayer en una comparecencia. Merino anunció su renuncia poco después de que el Congreso le diera un ultimátum. Si no dejaba el cargo, en seis horas convocaría una sesión para destituirlo.
La retirada de Merino se produce tras una semana de fuertes protestas en las calles, dos manifestantes muertos, 68 heridos y las dimisiones de dos tercios del Gabinete la noche del sábado.
“En este momento en que el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, presento mi renuncia al cargo de presidente de la república”, declaró en un mensaje televisado a la nación. Nada más terminar, se han oído cacerolazos y bocinazos en Lima.
“Creo en la lucha frontal con la corrupción, los corruptos no pueden representarnos, creo que el poder es para servir a los demás y no a poderes subalternos”, proclamó el político en su discurso televisado desde el palacio de Gobierno, en Lima.
La crisis política se agravó notablemente el sábado cuando dos manifestantes veinteañeros fallecieron y decenas resultaron heridos víctimas de la represión policial contra quienes protestaban pacíficamente en el centro de Lima contra el Gobierno de Manuel Merino.
Es el segundo jefe de Gobierno que cae del poder en menos de una semana. El detonante de la maniobra para relevar a Vizcarra fue una acusación de la fiscalía por corrupción.
La salida a principios de esta semana de Vizcarra para ser sustituido interinamente por Merino fue una maniobra aprobada por el Congreso, pero considerada ilegítima por la sociedad civil y que no ha tenido el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional. Inmediatamente desató una ola de movilizaciones que dura ya una semana.
Al menos 13 de los 18 ministros del Gobierno de Merino han dimitido a lo largo de la noche del sábado al domingo.
El ultimátum del Congreso es fruto de una negociación política que concluyó con el anuncio a mediodía, hora local, de que si el presidente interino Merino no abandonaba el cargo para las seis de la tarde, a esa hora comenzaría en el pleno un debate para cesarlo.
Las bancadas parlamentarias negociarán en las próximas horas quién asume como nuevo presidente transitorio. La persona elegida será uno de los congresistas que el lunes pasado votaron contra la destitución de Vizcarra.
La junta de portavoces del Parlamento dio el ultimátum a Merino presionado por la indignación generalizada ante la brutal represión policial la noche del sábado contra decenas de miles de jóvenes que se volcaron al centro de Lima en paz insistiendo en la renuncia de Merino.
Jimmy Sotomayor, abogado de Bryan Pintado, uno de los manifestantes acribillados por la policía, denunció que la policía intentó impedirle participar en las diligencias de necropsia la madrugada del domingo.
“Bryan dejó de estudiar Derecho por falta de dinero, trabajaba ayudando a su padre en construcción. Ha sido víctima de diez perdigones, y la fiscalía ha abierto investigación por crimen de lesa humanidad. No ha muerto cualquiera, es un peruano de 22 años muerto en la lucha de la democracia”, señaló Sotomayor.
Los grupos políticos buscaban echar a Vizcarra desde septiembre porque era un obstáculo para sus objetivos: copar el Tribunal Constitucional para usarlo a favor de políticos investigados por lavado de activos y corrupción, quitar atribuciones a la superintendencia de calidad educativa en las universidades, y aprobar proyectos que facilitarían negocios ilegales como extracción de oro en la Amazonía y tráfico de tierras.
Los jóvenes que han participado masivamente en las manifestaciones repudian a los parlamentarios que consideran la destitución de Vizcarra como una maniobra para una repartija de cargos y la ruptura de la independencia de poderes.
El número sin precedentes de jóvenes que el domingo sigue movilizándose en vigilias por las víctimas de la policía y para conocer el desenlace de la crisis política en el Congreso, se debe a que han salido a las calles ciudadanos que antes fueron indiferentes a la política.
“Este Congreso tiene más de 60 investigados por la Fiscalía, vine a la marcha para que se puedan realizar las elecciones lo más pronto posible”, dijo Jhoselin Torres, de 25 años, en la Plaza San Martín, el centro de las manifestaciones de esta semana.
