El lugar donde una persona nace todavía puede marcar profundamente sus oportunidades de educación, bienestar y participación social. Naciones Unidas recuerda que el derecho al desarrollo busca enfrentar estas brechas mediante igualdad, dignidad y participación. El principio reconoce que las personas y los pueblos deben contribuir y beneficiarse del progreso económico, social, cultural y político.
Las desigualdades heredadas del colonialismo siguen influyendo en millones de vidas. Además, factores como pobreza, conflictos, corrupción y crisis climática pueden profundizar las diferencias entre comunidades. Para la ONU, estas condiciones también plantean una cuestión de derechos humanos cuando limitan la posibilidad de participar plenamente en el desarrollo.
Derecho al desarrollo frente a nuevas desigualdades
La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo cumple cuatro décadas desde su adopción. Su enfoque contempla una dimensión individual y otra colectiva. También reconoce que recibir beneficios no basta. Las personas necesitan participar de manera activa, libre y significativa en las decisiones relacionadas con su futuro.
Juana Ibáñez, presidenta del Mecanismo de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo, identifica obstáculos que permanecen vigentes. Entre ellos aparecen los conflictos armados, la reducción de espacios de participación, la crisis climática y los desafíos derivados de la inteligencia artificial.
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Mujeres y comunidades también impulsan el desarrollo
América Latina registra avances mediante decisiones del sistema interamericano de derechos humanos. La Comisión Interamericana también ha destacado el papel fundamental de las mujeres en los procesos de desarrollo. Asimismo, existen importantes precedentes relacionados con pueblos indígenas y tribales.
El debate adquiere relevancia ante transformaciones tecnológicas, sociales y ambientales que pueden ampliar oportunidades, pero también generar nuevas desigualdades. En consecuencia, la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación ocupa un espacio importante dentro de esta agenda.
La Declaración fue adoptada el 4 de diciembre de 1986. Sin embargo, cuatro décadas después todavía no existe un instrumento internacional específico jurídicamente vinculante sobre este derecho, una ausencia que mantiene abierto el debate sobre su protección global.
